El pasado miércoles (27), la Fundación Getulio Vargas (FGV) fue sede del workshop internacional “Organized Crime, Illicit Economies and Public Policy in Latin America and the Caribbean”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en alianza con el Leme – Laboratorio para la Reducción de la Violencia, la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas de la Fundación Getulio Vargas (FGV EBAPE), la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y la plataforma Organized Against Crime (World Bank Group).

El encuentro reunió a investigadores, especialistas y representantes de distintas instituciones para debatir desafíos relacionados con el crimen organizado, las economías ilícitas y la producción de evidencia para políticas públicas en América Latina y el Caribe. Entre los participantes del Leme estuvieron Joana Monteiro, directora ejecutiva y cofundadora; Julia Guerra, directora de Proyectos e Investigación y cofundadora; Vinicius Peçanha, líder de área y líder de proyectos; Yasmin Santos, asesora de comunicación; y Mathias Lusquinos y Ana Figueiredo, analistas de políticas públicas.

El workshop fue inaugurado por Joana Monteiro, profesora de la FGV EBAPE y directora ejecutiva y cofundadora del Leme; Carlos Charme, representante de la CAF en Brasil; y Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, quienes situaron el encuentro dentro de una agenda de producción de conocimiento sobre crimen organizado, economías ilícitas y sus impactos sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe. Tras la apertura, las discusiones se organizaron en tres ejes temáticos dedicados a los desafíos de medición del crimen organizado, la extorsión y la minería ilegal.

La primera sesión reunió a Joana Monteiro, Daniel Mejía, de la Universidad de los Andes; Diego Sanjurjo, del Ministerio del Interior de Uruguay y de la Universidad Católica del Uruguay; y Edgar Bustos, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, con moderación de Marcela Meléndez, de Fedesarrollo. El debate abordó los desafíos para medir el crimen organizado en contextos marcados por información limitada, fragmentada o sesgada, así como los efectos de la falta de datos consolidados sobre el diseño de políticas públicas, el monitoreo de mercados ilícitos y la toma de decisiones en la región.

El segundo eje abordó la extorsión como mecanismo de extracción de rentas por parte de organizaciones criminales en América Latina y el Caribe. La sesión reunió a Chris Blattman, de la University of Chicago; Eduardo Moncada, de Columbia University; Andrés Rengifo, de Rutgers University; y Jairo García, de Fedesarrollo, con moderación de Carlos Charme, de la CAF. El debate analizó la escala, la organización y el alcance territorial de la extorsión, sus impactos económicos y sociales, los límites de las respuestas estatales y la evidencia necesaria para orientar políticas públicas capaces de modificar los incentivos que sostienen este mercado ilícito.

Durante el debate, Joana Monteiro destacó los obstáculos relacionados con la producción de evidencia sobre mercados ilícitos menos visibles.

“La extorsión es más difícil de observar que otras actividades ilícitas. No podemos identificar fácilmente cómo opera, cuánto se cobra ni cuál es la verdadera dimensión de este mercado. Por eso, las investigaciones y los levantamientos de información son fundamentales para producir evidencia, comprender el fenómeno y pensar en respuestas más efectivas”, afirmó Joana Monteiro.

El tercer eje del workshop discutió la minería ilegal, el control territorial y el desarrollo local. La sesión reunió a César Ipenza, de la Universidad del Pacífico; Estefanía Sánchez, del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico; Daniel Wiesner, de Fedesarrollo; y Maria Eugênia Trombini, del Instituto Igarapé, con moderación de Pablo Brassiolo, de la CAF. El debate abordó la expansión de la minería ilegal como economía ilícita asociada a la informalidad productiva, las fallas regulatorias y las redes criminales, además de sus impactos sobre las comunidades locales, el medio ambiente y la gobernanza pública.

“La capacidad del Estado es limitada, especialmente en regiones como la Amazonía. Si los países no cooperan y no aplican reglas de manera conjunta, los esfuerzos para controlar la expansión de estos mercados tenderán a ser limitados”, destacó Maria Eugênia Trombini durante el debate.

El encuentro concluyó con una discusión de síntesis sobre los principales temas abordados a lo largo de la jornada y las prioridades para una agenda regional de investigación y políticas públicas sobre crimen organizado. Conducida por Juan Fernando Vargas, la conversación final destacó la importancia de mejorar la medición de los mercados ilícitos, combinar distintas fuentes de datos y transformar los debates en insumos concretos para la formulación de políticas públicas en América Latina y el Caribe.